¿Por qué nació el Acuerdo 004 de 2011?

Si alguien observa únicamente el plan de estudios de un proyecto curricular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, podría concluir erróneamente que convertirse en profesional es un proceso que toma cinco años. Sobre el papel, la mayoría de los proyectos curriculares  de carreras profesionales están diseñados para completarse en diez semestres. Sin embargo, quienes hemos vivido la Universidad pública sabemos que esa cifra representa un pajaso mental que se hacen los administrativo y no necesariamente es la realidad de la formación profesional.

Históricamente, alcanzar el nivel de exigencia que caracteriza a la Universidad Distrital ha significado recorrer un camino mucho más largo. Para una parte importante de los estudiantes, convertirse en un profesional de alta calidad ha tomado cerca de diez años. No porque exista falta de interés por graduarse, sino porque la realidad académica, económica y social de la educación pública hace que ese proceso sea mucho más complejo de lo que reflejan los planes de estudio.

Cuando un estudiante ingresa a la Universidad Distrital debía aceptar dos axiomas como verdaderos:

El primero es que los estudiantes de  universidad pública no pierden materias; deciden volverlas a ver para reforzar conocimientos. Esa frase no es una invitación a prolongar innecesariamente la carrera, sino una forma de entender la educación como un proceso de formación antes que de simple aprobación de asignaturas. En una institución que históricamente ha defendido la alta calidad académica, volver a cursar un espacio académico simple significa dedicar más tiempo a consolidar los conocimientos necesarios para ejercer con responsabilidad una profesión.

El segundo axioma era aún más difícil de afrontar. La Universidad exige una dedicación prácticamente de tiempo completo, pero la inmensa mayoría de los estudiantes no cuenta con una fuente de financiación que les permita estudiar durante años sin trabajar. Mientras algunos imaginan que basta con “concentrarse en estudiar”, miles de estudiantes deben resolver al mismo tiempo cómo pagar el arriendo, los servicios, el transporte, la alimentación, los materiales, las fotocopias y todas las demás necesidades que implica permanecer en la educación superior sin ninguna fuente de ingresos.

El problema es que la propia organización académica hace casi imposible acceder a un empleo formal. No es extraño que un estudiante tenga clases desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, de lunes a sábado, con espacios muertos entre una asignatura y otra. Aunque estos intervalos pueden parecer tiempo libre, en la práctica no corresponden a una jornada laboral que una empresa esté dispuesta a contratar. El resultado es que muchos estudiantes quedan atrapados en una contradicción permanente: necesitan trabajar para poder estudiar, pero la Universidad organiza sus horarios de tal manera que trabajar formalmente resulta inviable para la mayor parte de los estudiantes.

Ese costo de oportunidad ha sido asumido durante décadas por generaciones enteras de estudiantes que decidieron sacrificar estabilidad económica con el propósito de recibir una formación de alta calidad. Por esa razón, para muchos estudiantes permanecer más tiempo en la Universidad no era sinónimo de desinterés o de fracaso académico, sino la consecuencia de intentar sostener simultáneamente un proyecto de vida, unas responsabilidades económicas y un proceso de formación altamente exigente.

Esa permanencia prolongada produjo además un efecto que pocas veces se menciona cuando se habla del Acuerdo 004: permitió construir una memoria institucional viva.

Los estudiantes que llevaban varios años en la Universidad transmitían a quienes apenas ingresaban la historia de las luchas estudiantiles, el funcionamiento de los órganos de gobierno universitario, los derechos que protegían a la comunidad académica y las experiencias acumuladas para defender el carácter público de la Universidad Distrital. Esa memoria colectiva no aparecía en ningún reglamento ni hacía parte de un plan curricular, pero contribuía a preservar la identidad de la institución y la participación estudiantil en las decisiones que la afectan.

Fue en ese contexto que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 004 de 2011.

El acuerdo formalizó  mecanismos como la prueba académica y estableció límites a la permanencia estudiantil con el propósito declarado de mejorar los indicadores académicos y racionalizar el uso de los recursos públicos. Desde esa perspectiva, un estudiante que permanecía durante muchos años en la Universidad representaba un problema de eficiencia institucional que debía ser corregido.

Sin embargo, desde la perspectiva de numerosos estudiantes, el problema no era únicamente cuánto tiempo permanecía una persona en la Universidad, sino por qué necesitaba permanecer ese tiempo para lograr graduarse.

Si la Universidad exige una dedicación que dificulta acceder a un empleo formal; si una parte importante de sus estudiantes no cuenta con recursos económicos suficientes para sostener varios años de formación; y si la alta calidad académica demanda procesos de aprendizaje que no siempre pueden ajustarse al tiempo ideal previsto en el plan de estudios, entonces la permanencia prolongada puede entenderse no sólo como una decisión individual necesaria para convertirse en un profesional de alta calidad, sino también como el reflejo de condiciones estructurales que afectan la vida universitaria.

Desde esa mirada crítica, el debate nunca fue únicamente la existencia de la prueba académica. El verdadero debate consistía en determinar si era razonable reducir, mediante límites reglamentarios, un proceso de formación que en la práctica había requerido cerca de diez años para miles de estudiantes, sin transformar previamente las condiciones económicas, académicas e institucionales que explicaban esa realidad.

Esa discusión permanecio abierta durante más de una década y cobraría una nueva importancia con la llegada del Presidente Petro y la creación de la política de Matrícula Cero en el 2022 , cuando la comunidad universitaria esperaba  la creación de un nuevo marco normativo que fortaleciera la permanencia estudiantil en lugar de restringirla, que eliminará las listas de aspirantes rechazados en vez de aumentarlas y que nos uniera en vez de dividirnos al máximo posible.

Matrícula Cero: la oportunidad desperdiciada por las universidades públicas y aprovechada por las privadas

Durante más de una década, el Acuerdo 004 de 2011 reguló la permanencia estudiantil en la Universidad Distrital sin modificar las causas que, para muchos estudiantes, explicaban las trayectorias académicas prolongadas: horarios incompatibles con un empleo formal, limitaciones económicas para sostener los estudios y un modelo de formación de alta exigencia que requería una dedicación prácticamente exclusiva.

Ese escenario comenzó a cambiar en 2022 con la llegada del presidente Gustavo Petro y la consolidación de la política de Matrícula Cero.

Por primera vez, el Estado asumía de manera mucho más amplia el compromiso de financiar el acceso de miles de jóvenes a la educación superior pública. Para muchos estudiantes, aquella decisión representó mucho más que el alivio de no pagar el millón de la matrícula y  el valor del seguro estudiantil: significó la posibilidad de replantear el futuro mismo de las universidades públicas.

Si el principal obstáculo para acceder a la educación superior había sido el costo económico, y el Estado ahora estaba dispuesto a asumir ese costo, la siguiente pregunta era inevitable: ¿qué cambios debían realizar las universidades públicas para responder a esta nueva realidad?

La comunidad universitaria esperaba que Matrícula Cero fuera el punto de partida de una transformación estructural.

No bastaba con garantizar el ingreso de nuevos estudiantes; también era necesario garantizar que pudieran permanecer hasta culminar exitosamente su proyecto curricular. La política de financiación debía ir acompañada de reformas orientadas a fortalecer la permanencia estudiantil, ampliar la cobertura y modernizar la estructura académica de las universidades públicas.

Entre las principales expectativas se encontraba la revisión del propio Acuerdo 004 de 2011.

Después de más de diez años de vigencia, numerosos estudiantes consideraban que había llegado el momento de sustituir un modelo basado en restricciones por otro centrado en el acompañamiento académico, la permanencia y el reconocimiento de las condiciones reales en las que se desarrolla la formación universitaria.

También se esperaba una expansión efectiva de la capacidad institucional. Si el Estado estaba financiando el acceso de más jóvenes a la educación superior, resultaba razonable pensar que las universidades públicas aumentarían progresivamente su infraestructura, fortalecerían su planta docente y abrirían nuevos cupos para reducir las listas de aspirantes que semestre tras semestre quedaban por fuera de la Universidad Distrital.

Otra expectativa consistía en proteger la calidad de estudiante durante todo el proyecto formativo. Para muchos, la financiación pública debía traducirse en reglas que facilitarán culminar los estudios, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades económicas o académicas, en lugar de mantener mecanismos cuyo efecto podría ser la pérdida de la condición de estudiante antes de alcanzar el título profesional.

En distintos espacios de discusión también comenzaron a surgir propuestas para reconocer las trayectorias académicas de manera progresiva. Una de ellas planteaba que el cumplimiento de determinados porcentajes del plan de estudios permitiera obtener titulaciones intermedias —como Técnico (50%), Tecnólogo (75%), Profesional (100%), especialización (130%) y Maestría (150%)—, de manera que el avance académico adquirido tuviera un reconocimiento formal  y permitiera a los estudiantes alcanzar el máximo nivel de calidad como profesional según su plan de estudio.

En otras palabras, La Matrícula Cero ofrecía una oportunidad histórica para replantear el modelo de universidad pública. No se trataba únicamente de eliminar el costo de la matrícula, sino de construir una institución capaz de recibir a más estudiantes, acompañarlos durante todo su proceso de formación y responder a las necesidades sociales del país sin sacrificar la calidad académica.

Sin embargo, mientras la comunidad universitaria esperaba transformaciones orientadas a fortalecer la educación pública, muchas universidades privadas, como la Pontificia Universidad Javeriana, reaccionaron con mayor rapidez al nuevo escenario. Ampliaron su infraestructura, incrementaron el valor de sus matrículas y adaptaron su oferta para captar a los estudiantes beneficiarios de programas como Jóvenes a la U y Jóvenes a la E.

Las universidades públicas, por el contrario, continuaron operando bajo las mismas limitaciones estructurales. En la Universidad Distrital todavía es común encontrar procesos de admisión con cerca de veinte páginas de aspirantes por proyecto curricular, de las cuales apenas tres corresponden a estudiantes admitidos y las diecisiete restantes a jóvenes rechazados.

Pero esos diecisiete aspirantes no dejan de estudiar simplemente porque la universidad pública les azotó las puertas en la cara. Gracias a programas como Jóvenes a la U y Jóvenes a la E, muchos terminan matriculándose en universidades privadas, igualmente financiados con recursos del Estado. En otras palabras, mientras la universidad pública mantiene restringida su capacidad de recibir estudiantes, una parte importante de los recursos públicos destinados a ampliar el acceso termina fortaleciendo la capacidad instalada de instituciones privadas.

La gran oportunidad que abrió La Matrícula Cero nunca fue únicamente pagar la matrícula de quienes ya lograban ingresar a una universidad pública. La verdadera oportunidad consistía en ampliar esa universidad, eliminar las listas de aspirantes rechazados y garantizar que ningún joven tuviera que buscar un cupo en el sector privado porque el Estado fue incapaz de abrirle las puertas de la educación pública.

Como consecuencia de la presión ejercida por distintos sectores de la comunidad universitaria, la Universidad Distrital inició un proceso de reforma institucional. La expectativa era que ese nuevo marco normativo —el Acuerdo 005 del 5 de mayo de 2025— respondiera al nuevo escenario creado por La Matrícula Cero, Jóvenes a la U y Jóvenes a la E, ampliando la Universidad, fortaleciendo la permanencia estudiantil y eliminando las barreras estructurales que durante años habían limitado el acceso a la educación superior pública.

Sin embargo, lo que finalmente aprobó el Consejo Superior Universitario tomó un rumbo completamente distinto. Lejos de presentar una reforma centrada en ampliar la cobertura y fortalecer la permanencia estudiantil, el nuevo modelo reorganizó la estructura interna de la Universidad de una manera que, para muchos estudiantes, terminó profundizando la fragmentación institucional. Comprender por qué esa percepción se consolidó exige analizar, uno a uno, los órganos parasitarios introducidos por el nuevo Estatuto General.

El Acuerdo 004 de 2025: la reforma que llegó

Después de varios años de discusión sobre la permanencia estudiantil y tras la implementación de la política de Matrícula Cero, la comunidad universitaria esperaba una reforma que respondiera a los nuevos desafíos de la educación superior pública. La expectativa era que el nuevo marco normativo fortaleciera la permanencia estudiantil, ampliara la cobertura y adecuara la Universidad Distrital a una realidad completamente diferente de la que existía cuando fue expedido el Acuerdo 004 de 2011.

El 5 de mayo de 2025 el Consejo Superior Universitario aprobó el nuevo Acuerdo 004 de 2025, una reforma que modificó de manera profunda la organización académica y administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

A diferencia del Acuerdo 004 de 2011, cuyo eje principal era limitar la permanencia estudiantil mediante mecanismos como la prueba académica, la reforma de 2025 centra buena parte de su contenido en reorganizar la estructura interna de la Universidad.

El nuevo modelo distribuye las funciones académicas y administrativas entre distintas vicerrectorías, cada una con competencias específicas.

La primera de ellas es la Vicerrectoría de Formación, encargada de coordinar los procesos académicos relacionados con la formación profesional. Bajo su estructura se mantienen las Facultades, que históricamente han sido el eje de la organización académica de la Universidad, pero además se incorpora una nueva figura: las Escuelas, acompañadas por las Comunidades Académicas Básicas (CABAS) como parte de la nueva organización del cuerpo docente y de las áreas del conocimiento.

La segunda es la Vicerrectoría de Investigación, responsable de coordinar las actividades de investigación, desarrollo científico e innovación. Dentro de esta estructura el nuevo Estatuto reconoce formalmente a los Institutos, otorgándoles una organización propia y definiendo su papel dentro de la Universidad.

La tercera es la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social, bajo la cual se crean los Centros, concebidos como unidades académico-administrativas encargadas de articular la relación de la Universidad con la sociedad, el sector productivo y las diferentes iniciativas de extensión.

En otras palabras, la reforma no se limitó a modificar algunos artículos del reglamento anterior. Rediseñó la estructura institucional de la Universidad Distrital creando nuevos órganos, nuevas instancias de dirección y nuevas relaciones administrativas entre las diferentes dependencias.

Cada uno de estos cambios puede parecer razonable si se analiza de manera aislada. Sin embargo, para comprender el verdadero alcance de la reforma es necesario estudiar cada uno de estos órganos por separado y preguntarse si la nueva organización responde realmente a las necesidades que dieron origen al debate sobre la permanencia estudiantil después de la implementación de Matrícula Cero.

Por esa razón, en los siguientes apartados analizaremos de manera independiente las Facultades, las Escuelas y las CABAS, los Institutos, los Centros y, finalmente, el papel que desempeña Bienestar Universitario dentro del nuevo modelo institucional aprobado en 2025.

1 Las Facultades: la estructura académica tradicional

Los artículos 64 a 68 del Acuerdo 004 de 2025 regulan lo referente a las Facultades, uno de los pilares que históricamente han sostenido a la Gloriosa UD.

Actualmente la Universidad está dividida en siete facultades:

• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Artes — ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá)
• Facultad de Ciencias y Educación
• Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales (FCFMYN)
• Facultad Tecnológica
• Facultad de Ciencias de la Salud
• Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

En ese punto conviene detenerse antes de revisar la estructura interna que comparten. La FCFMYN no cuenta con edificio propio para dar cobertura a sus estudiantes: desde hace años, y hasta el día de hoy, operan arrendando espacios a universidades privadas como la ECCI, un contrato que sigue garantizando utilidades a esas instituciones privadas en lugar de fortalecer la infraestructura pública. Ese mismo capital que hoy se sigue destinando al arriendo puede dirigirse a la compra del predio de la antigua fábrica abandonada de Bavaria, ubicada sobre la Avenida Boyacá con Calle 7, donde se esperaba construir la facultad central que unificara las siete facultades actuales — un proyecto que la comunidad universitaria llegó a conocer como “La Facultad D.” En lugar de avanzar hacia esa unificación, la Universidad ha optado por mantener el arriendo indefinido a instituciones privadas, mientras la posibilidad de concentrar recursos en una sede propia sigue sin materializarse.

Esta fragmentación en siete unidades —y la dependencia de infraestructura privada que de ella se deriva— no es un simple asunto administrativo: entre más dividida y dependiente de terceros esté la estructura física de la Universidad, más difícil resulta la organización estudiantil y el control ciudadano sobre el uso de los recursos.

Según el nuevo Estatuto, cada Facultad se compone de:

• Decano de Facultad, cabeza de la unidad académica.
• Consejo de Facultad, un órgano colegiado cuya nómina se paga sin que el Acuerdo especifique cuántas personas la integran en cada facultad.
• Áreas de Formación, que reemplazan lo que antes se conocía como Proyectos Académicos, instancias a las que estaban vinculados todos los docentes.
• Unidades de apoyo a la gestión curricular, encargadas de interactuar con las demás unidades académicas en el desarrollo de sus funciones, sin que tampoco se defina cuántos cargos corresponden a cada facultad.
• Una secretaría académica de Facultad — al existir siete facultades, esto se traduce en siete secretarías independientes en lugar de una instancia centralizada.

Hasta aquí, la reforma no se aleja demasiado del funcionamiento tradicional de la Universidad. El verdadero punto de quiebre —y el que motiva el análisis de las siguientes secciones— aparece cuando el Estatuto empieza a introducir los órganos parasitarios que no existían en el Acuerdo de 2011: las Escuelas, las CABAS, los Institutos y los Centros.

2 Las Escuelas y las CABAS: la nueva estructura académica

Entre los artículos 69 y 81, el Acuerdo 004 de 2025 introduce dos órganos que no existían en el Acuerdo de 2011: las Escuelas y las Comunidades Académicas Básicas (CABAS).

Las Escuelas vinculan a la totalidad del cuerpo docente, mientras que las CABAS agrupan lo que hasta ahora conocíamos como semilleros y grupos de investigación — es decir, estructuras que ya existían y que ahora simplemente cambian de nombre dentro del organigrama. La pregunta que muchos estudiantes se hacen frente a esta reorganización es directa: ¿cuál es el problema de crear órganos como las Escuelas y las CABAS, si en el fondo van a cumplir la misma función que ya cumplían los proyectos curriculares?

La respuesta está en el artículo 70:

ARTÍCULO 70. ESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS. Cada escuela cuenta con la siguiente estructura: a) Una dirección. b) Un consejo de escuela. c) Un claustro de profesores. d) Comunidades Académicas Básicas – CABAS. e) Una secretaría académica de escuela.

Ninguno de las nóminas asociadas a estos cargos está remunerada por debajo de un salario mínimo mensual legal vigente. Lejos de traducirse en mayor cobertura educativa para los habitantes del Distrito Capital, esta estructura le permite a los docentes que ocupen estos cargos cobrar más por asistir a reuniones administrativas, en lugar de estar en los salones formando a quienes buscan recibir educación de alta calidad.

Vale la pena detenerse en el orden lógico que propone la reforma. Históricamente, en Colombia, la Escuela antecede al Colegio, y el Colegio antecede a la Universidad. Insertar “Escuelas” dentro de la estructura universitaria no es, un avance organizativo: es un retroceso conceptual que desconoce décadas de lucha estudiantil por consolidar y sostener a la Gloriosa UD como una institución de educación superior con identidad propia.

En síntesis, las Escuelas y las CABAS no resuelven ningún problema estructural relacionado con la permanencia estudiantil ni con la ampliación de cobertura que se esperaba tras La Matrícula Cero. Lo que sí hacen es sumar una nueva capa de cargos remunerados sobre una estructura académica que, en esencia, ya funcionaba.

Un dato adicional agrava lo encontrado en la Auditoria: la FCFMYN, que como se mencionó en el apartado anterior ni siquiera cuenta con edificio propio y depende del arriendo a universidades privadas para operar, ya tiene proyectadas cinco Escuelas dentro de su estructura. Es decir, antes de resolver el problema más básico —no tener una sede propia para atender a sus estudiantes— la facultad ya definió cómo repartir los cargos de dirección, consejo, claustro y secretaría académica de cada una de esas cinco Escuelas. Esto es una señal de alerta que no puede pasarse por alto: mientras la infraestructura física sigue sin resolverse, la distribución de nóminas administrativas ya está lista, a pesar de que quienes realmente hacen el trabajo de formación —los proyectos curriculares— no ven reflejada esa misma prioridad en su presupuesto para contratar docentes de planta ni en su planta física. 

3 Los Institutos: el caso del ILUD y la oferta académica complementaria

Entre los artículos 74 y 77, el Acuerdo 004 de 2025 legaliza la figura de los “Institutos”, un término que tampoco existía en el Acuerdo original de 2011.

El artículo 75 define su estructura:

ARTÍCULO 75. ESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS. Cada instituto cuenta con una dirección, un consejo de instituto y un equipo de soporte académico y administrativo.

Para entender el problema de fondo conviene analizar un caso concreto: el ILUD (Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital). Su propósito declarado es permitirles a los estudiantes de la UD tomar cursos de idiomas que puedan validarse como parte de su plan de estudios — un objetivo que, en principio, es completamente razonable. El problema aparece cuando se observa que este mismo artículo se asegura de consolidar y legalizar la nómina del equipo del instituto, lo cual abre paso a dos preguntas que la comunidad universitaria no puede dejar de hacerse:

1. ¿Por qué se cobra por un curso si se trata de educación pública, financiada con los impuestos de los habitantes del Distrito Capital?
2. ¿Por qué en la preinscripción de materias ya no se matricula automáticamente a los estudiantes en una segunda lengua, y por qué nunca se abren cupos para idiomas como el mandarín?

La respuesta a la primera pregunta es que, a pesar de tratarse de educación pública, existe una intención de privatizar por etapas servicios que deberían estar cubiertos por la financiación estatal. La respuesta a la segunda es igual de directa: si los cursos de segunda lengua estuvieran disponibles como debería ser —dentro de la oferta académica regular y sin costo adicional—, el ILUD no tendría estudiantes pagando por fuera del pénsum, y la contradicción de cobrar por algo que ya está pagado sería mucho más evidente.

En otras palabras, la figura de los Institutos no amplía la oferta educativa de la Universidad: formaliza una estructura administrativa remunerada alrededor de servicios que, en una universidad pública financiada por el Distrito, no deberían generarle un costo adicional al estudiante.

4 Los Centros: una nueva capa administrativa

Entre los artículos 78 y 81, el Acuerdo 004 de 2025 crea el órgano de “Centros”, otra figura ausente en el Acuerdo original de 2011.

El artículo 78 los define así:

ARTÍCULO 78. CENTROS. Los centros son las unidades académico-administrativas responsables del desarrollo de actividades de contextos-extensión y proyección social, ligadas a las fortalezas institucionales de docencia, formación, investigación-creación e innovación y gestión institucional, en los campos estratégicos de la Universidad. Los centros convocan y reúnen a la comunidad académica, al tiempo que generan relacionamiento con los diferentes sectores externos. Se encuentran adscritos a la Vicerrectoría de Contextos-Extensión y Proyección Social, y coordinan sus acciones con las escuelas, facultades e institutos de la Universidad.

Y el artículo 79 establece su estructura interna:

ARTÍCULO 79. ESTRUCTURA DE LOS CENTROS. Cada centro cuenta con una dirección, un consejo de centro y un equipo de soporte académico y administrativo.

Como ha ocurrido con las Escuelas, las CABAS y los Institutos, la creación de los Centros no se limita a definir una función; se asegura, en el mismo articulado, de consolidar una nómina completa para cada centro que se cree. Con Facultades, Escuelas, Institutos y ahora Centros operando de manera simultánea —cada uno con su propia dirección, consejo y secretaría o equipo de soporte—, la Universidad termina sosteniendo cuatro capas administrativas paralelas para cumplir funciones que, en buena parte, ya estaban cubiertas por la estructura de facultades y proyectos curriculares que existía antes de 2025.

Esta multiplicación de órganos es la razón por la que, a lo largo de este análisis, nos referimos a ellos como órganos parasitarios: cada capa adicional representa nuevos cargos remunerados, pero ninguna de ellas se traduce en más cupos, más docentes frente a los estudiantes, o mejores condiciones de permanencia — los objetivos que la comunidad universitaria esperaba ver reflejados en la reforma tras la llegada de Matrícula Cero.

Bienestar Universitario: ¿se fortalece realmente la permanencia estudiantil y el buen vivir?

El artículo 90 del Acuerdo 004 de 2025 le otorga a Bienestar Institucional la facultad de ser ordenador de gasto sobre el presupuesto de la Universidad Distrital. En principio, esta atribución podría fortalecer la capacidad de respuesta de Bienestar frente a las necesidades reales de la comunidad estudiantil. El problema es que esa facultad solo se justifica si existe la certeza de que Bienestar cumple efectivamente su función de proteger a los estudiantes, y la evidencia disponible pone en duda esa certeza.

Vale la pena entender primero cómo funciona el presupuesto que Bienestar tiene la facultad de ordenar. A la Universidad se le asigna un presupuesto anual que se distribuye entre distintos rubros: el pago de nómina de todos los trabajadores, los gastos tercerizados como seguridad y vigilancia, las salidas de campo de los proyectos curriculares, entre otros. Si durante el período no se ejecuta alguno de estos gastos —por ejemplo, si no se paga el transporte de una salida de campo que finalmente no se realizó—, en una empresa privada ese dinero quedaría acumulado o se reinvertiría en el siguiente período. En la Universidad Distrital eso no ocurre: si queda presupuesto sin ejecutar, Bienestar Institucional, en su condición de ordenador de gasto, dispone de ese dinero y lo gasta en lo que considere, sin que exista claridad pública sobre esos destinos. Es importante tener en cuenta que Bienestar Institucional está conformado principalmente por gestores de paz que, durante todo el período académico, no prestan mayor atención efectiva a los estudiantes.

En la Facultad Tecnológica, sede Bosa, siete docentes tienen actualmente procesos abiertos en la Fiscalía por violencia de género. Frente a esta situación, Bienestar Institucional se ha declarado impedido para intervenir, alegando conflicto de intereses, en lugar de adoptar un rol activo para garantizar que la Gloriosa UD sea un entorno seguro para las estudiantes.

En 2024 convoqué un paro estudiantil con el propósito de exigir un nuevo acuerdo que protegiera la calidad de estudiante durante todo el proyecto académico y eliminara las listas de aspirantes rechazados. Después de exponer las pretensiones del paro, una funcionaria de Bienestar vino personalmente por mí e insistió en varias ocasiones para que la acompañara a su oficina, con el argumento de validar protocolos de seguridad y derechos humanos que garantizaran la seguridad de los manifestantes. Tras múltiples insistencias, accedí.Durante la reunión entró un hombre a la oficina que comenzó a pedirme datos personales, cuando intente retirarme, logre salir forzadamente de la oficina de bienestar, pero antes de lograr salir del edificio administrativo, cinco médicos me sometieron e inyectaron una sustancia de manera forzada; al despertar me encontraba inmovilizado de cuello, muñecas y pies en un psiquiátrico donde fui torturado químicamente y privado de mi libertad por varias semanas hasta que mi seguro medico dijo no mas y me dieron de alta.

La gestión de recursos de Bienestar tampoco resiste el contraste entre lo que ofrecía y lo que ofrece hoy. Uno de sus servicios más valorados históricamente ha sido el apoyo en caliente —almuerzos disponibles directamente en cada facultad— presente antes en todas las facultades. Actualmente, solo la sede Bosa Porvenir conserva este beneficio en su forma original. En el resto de sedes, ese apoyo fue reemplazado por bonos de mercado canjeables en almacenes de cadena, donde productos básicos como una libra de fresas pueden costar $40.000. A esto se suma que el programa, por lo general, no se activa antes del cuarto mes del semestre, lo que deja a los estudiantes sin ese apoyo durante gran parte del período académico.

El deterioro de infraestructura es igual de evidente. En la sede Tecnológica, los dos ascensores del edificio funcionan sin el mantenimiento mensual correspondiente desde 2025, año en que se realizó el último pago registrado por la Universidad para este servicio. El ascensor del edificio de la Calle 40 también está fuera de servicio. El edificio espejo de la 40, actualmente en construcción, tiene la obra detenida porque a los trabajadores no se les ha pagado — y ningún trabajador puede continuar una obra sin que se le pague. La terraza del edificio de la sede Tecnológica permanece cerrada al uso estudiantil, y solo se tiene registro de que fue habilitada en una ocasión: cuando el exrector de la UD Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez la utilizó para jugar un partido de micro  fútbol con sus amigos, los salones de Bosa Porvenir permanecen cerrados por temor a que los estudiantes se roben un mause o un teclado mientras que al rector Lizcano como premio por llevar 6 meses en el cargo se le fue para Rusia con todos los gastos pagos, Si se tiene en cuenta  la cancelación recurrente del transporte destinado a salidas de campo, una actividad que hace parte integral de la formación en varios proyectos curriculares, queda claro que el rector si tiene derecho al transporte pero para el de los estudiantes no hay presupuesto.

Frente a este panorama, cuando se radican derechos de petición para exigir claridad sobre en qué se está gastando el presupuesto, la respuesta de la administración es que no hay dinero, que esos documentos no pueden entregarse, o simplemente se remite la solicitud de una dependencia a otra sin resolver nada. Aquí es donde se hace evidente el verdadero problema de haber creado cuatro órganos administrativos independientes —Facultades, Escuelas, Institutos y Centros—: no existe manera de solicitar el informe de gastos de los cuatro al mismo tiempo y cruzar esa información para verificar el uso real del presupuesto. Cada órgano puede remitir la responsabilidad al otro, y ningún ciudadano del Distrito tiene forma de reconstruir el balance completo. La Universidad, además, se niega a hacer público su balance general, su estado de resultados y su flujo de efectivo, lo que cierra cualquier posibilidad de auditoría ciudadana independiente sobre estos hechos.

En conjunto, estos hechos ponen en entredicho si Bienestar Universitario, tal como quedó diseñado en el Acuerdo 004 de 2025, protege realmente la permanencia y la integridad de los estudiantes, o si su nueva capacidad de ordenar gasto simplemente es  una pantalla para poder desangrar la Gloriosa UD.

Conclusiones: la arquitectura que decidieron sin preguntarnos

El contraste es la prueba más contundente de este informe. Una universidad de alta calidad organiza su poder en dos brazos claros —académico y administrativo— que convergen en una sola Vicerrectoría, un solo presupuesto consolidado y una sola Oficina de Control Interno capaz de rastrear cada peso desde Recursos Humanos hasta el último ascensor de la última sede. Lo que aprobó el Consejo Superior en el Acuerdo 004 de 2025 hace exactamente lo contrario: multiplicó los órganos con poder de decisión —Facultades, Escuelas, CABAS, Institutos y Centros— sin multiplicar, en la misma proporción, los mecanismos para vigilarlos. Cuatro estructuras paralelas, cada una con su propia dirección, su propio consejo y su propia nómina, significa cuatro puertas distintas donde un derecho de petición puede perderse, y ninguna instancia única que esté obligada a responder por el conjunto.

Esa arquitectura no es un accidente técnico ni un simple ajuste de organigrama: es la razón por la que hoy es tan difícil para un estudiante saber quién decide qué, quién gasta qué, y ante quién reclamar. Mientras la FCFMYN proyecta cinco Escuelas sin tener edificio propio, mientras Bienestar Universitario dispone discrecionalmente del presupuesto no ejecutado de toda la Universidad sin ser el ordenador natural de ese gasto, y mientras la institución sigue sin publicar un balance general, un estado de resultados ni un flujo de efectivo consolidado, la pregunta que debería hacerse cualquier estudiante, egresado o ciudadano del Distrito no es si esta reforma modernizó a la Universidad Distrital, sino ¿a quién le conviene que su administración sea tan difícil de seguir?.

No proponemos nostalgia por el Acuerdo 004 de 2011, que tenía sus propios problemas. Proponemos un estándar mínimo: que cada órgano nuevo que se cree tenga que justificar, con hechos verificables, por qué no puede integrarse a una estructura ya existente, y que ningún cambio de esta magnitud vuelva a aprobarse sin que la comunidad universitaria tenga la oportunidad real de discutirlo antes de que sea un hecho consumado. Hasta que eso no ocurra, la tarea de auditar esta arquitectura —Facultad por Facultad, Escuela por Escuela, peso por peso— seguirá recayendo en quienes menos poder tienen para exigir respuestas: los propios estudiantes.